Los responsables del programa electoral del Partido Socialista Canario, sin duda, tienen el mérito de ser los primeros en hacer públicos los objetivos que ofrecen a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones autonómicas, a cabildos y ayuntamientos. Sobre la generalidad del programa no voy a pronunciarme hasta conocer las alternativas y contraalternativas que puedan presentar el resto de los partidos y coaliciones que competirán por obtener la confianza de la ciudadanía y así arañar la mayoría de votos que les permita gobernar, sólos en minoría, en coalición o en bisagra, si finalmente llegan al parlamento, cabildos y ayuntamientos las fuerzas políticas y demás agrupaciones que en la anterior legislatura se quedaron a sus puertas.
Volviendo al título de esta entrada, me ha llamado la atención la propuesta que hace el PSC de crear una Oficina Antifraude. Particularmente me parece una idea disparatada y denota en sus proponentes una falta de conocimiento de lo que es la gestión pública de la CAC. En primer lugar, la propia denominación me parece desafortunada porque el fraude es sólo uno de los delitos que pueden cometer autoridades y empleados públicos. En consecuencia, ese concepto, ligado con el control, no engloba a la totalidad de los tipos penales que se pueden dar en la gestión de las Adminsitraciones Públicas y, por supuesto, excluye a las faltas de orden administrativo, presupuestario y patrimoniales. Por los datos que se apuntan en el Programa y, en particular, los que se refieren a la dirección y coordinación de la Oficina, se dice, que estará en manos de un miembro de la Carrera Judicial o del Ministerio Público. Uno se pregunta para que está la separación de poderes, en nuestro caso, los Tribunales y la Fiscalía y las singulares organizaciones de la Fiscalía Anticorrupción. El poder judicial está para lo que está y su incursión en el Poder Ejecutivo, aunque sea bajo la pretensión de una oficina antifraude, es anticonstitucional.
La gobernanza de la Administración Pública, en tanto que poder ejecutivo, tiene sus propias reglas de juego que tienen mucho que ver con el Derecho Administrativo y con la gestión presupuestaria pública. El Gobierno de la Comunidad Autónoma tiene su propia organización interna para prevenir, evitar y sancionar las conductas y decisiones irregulares, tanto las de sus Altos Cargos, como la de sus empleados públicos. Si existe en la estructura del Gobierno un modelo organizativo propio, como son la Dirección General del Servicio Jurídico, la Intervención General y la Inspección General de Servicios, y tienen estos órganos horizontales sus propias funciones y competencias diferenciadas, qué es lo que justifica la creación de esta nueva Oficina. Se podría estar de acuerdo en la revisión de esas competencias funcionales, en sus estructuras orgánicas y de RPT y en la necesaria coordinación entre ellas, pero no en la duplicidad de órganos y en la judicialización de la naturaleza estrictamente administrativa de las mismas.
Respecto a la Inspección General de Servicios, ya me he pronunciado en anteriores entradas y he apuntado y reafirmo, por los hechos sucedidos, que este Gobierno no está por la labor de tener un órgano independiente y autónomo, que controle, desde la perspectiva de la legalidad, eficacia y eficiencia, la acción del Gobierno y las actuaciones de su jerarquía y empleados públicos. La conclusión que apunto, sobre esta propuesta es que no es necesario crear nuevas estructuras, siendo además que las existentes, pueden ser mejoradas, ampliadas y complementadas en sus funciones actuales. Uno de los aspectos que debe preocupar a los proponentes es la recuperación, en el sector público, de los valores y principios de la ética pública y, a mi modo de ver y manera -como diría el periodista Pepe Alemán- éstos no se recuperan con introducir en la estructura administrativa elementos de judicialización que tienen una visión parcial, muy tipificada y punitiva de la conducta humana. Por eso hablo de mejorar, ampliar y complementar las competencias y funciones de la IGS y, particularmente, desarrollar o bien dentro o fuera de ella, la pedagogía de la Ética Pública. Muchos gobiernos europeos, americanos y latinos, han apostado fuertemente por la ética como mecanismo, esencialmente preventivo, para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas.
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