miércoles, 23 de mayo de 2012

Interés particular y ética pública

Estos días recoge la prensa de Gran Canaria el beneficio de una subvención que ha recibido el Sr. Domingo Berriel Martínez, Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política  Territlorial del Gobierno de Canarias, relacionada con unas infraestructuras de riego  de una propiedad agrícola  que    posee en su isla natal de Fuerteventura. El tema no hubiera trascendido a la opinión pública si no se tratara de un Consejero del Gobierno. Como ciudadano podrá tener todo el derecho a solicitar la ayuda  concedida, según los requisitos de la convocatoria, pero en tanto que miembro de un Gobierno, de donde salen los fondos de la subvención, aunque sea gestionado por el Cabildo de Fuerteventura, por cierto, presidido por Mario Cabrera miembro de Asamblea Majorera-Coalición Canaria, partido al que pertenece el propio Sr. Berriel, no parece lo más afortunado y, en términos de ética pública totalmente reprobable. Al parecer el patrimonio del Sr. Berriel  supera el del común de los mortales y se debe suponer que sus inversiones corren a su ventura y riesgo. Este señor ahora está en el Gobierno y desde hace muchos años ha estado ligado al Cabildo de Fuerteventura, al Consejo Insular de Aguas, dependiente de ese mismo Cabildo, al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura del que fué su Gerente. Con este curriculum no se puede ir por ahí solicitando subvenciones públicas.


La reflexión obligada que me hago de este caso es si es compatible la condición de miembro del Gobierno y la percepción de una subvención pública. A mi modo de entender existe una incompatibilidad absoluta ya que lo queramos o no esa persona se sitúa en una condición favorable por razón de su cargo presente y por sus vínculos políticos con el agua en el pasado. Existe un evidente riesgo de conflicto de intereses entre su condición de solicitante de una subvención pública y su puesto público. El Sr. Berriel parte de una situación de privilegio y ventaja que debió llevarle a retirar su petición, y al órgano colegiado que adoptó la decisión de concedérsela, a abstenerse o a denegársela. Ejemplaridad, transparencia, integridad y honradez, son entre otros, valores exigibles en la función pública y en consecuencia, extensibles a los cargos públicos. El Gobierno de la nación y algunos autonómicos ya disponen de sus respectivos Códigos éticos y de conducta para sus Altos Cargos, al igual  que para el resto de los empleados públicos. Nuestro Gobierno no dispone todavía de su Código de Conducta y Ética pero eso no es razón para que sea exigible a sus altos cargos un corportamiento ejemplar. Nuestro ordenamiento jurídico dispone de normas suficientes que amparan la incompatibilidad de un interés privado con el ejercicio de activivades públicas. Conductas como la comentada quiebran la confinaza de los ciudadanos y por tanto quiebran también la democracia.

Una segunda reflexión que apunto, necesaria y abordable, es la situación en la que se mueve en el Ejecutivo canario el Partido Socialista Canario. El PSOE (C) forma parte de ese Gobierno en el que también está el Sr. Berriel. El programa electoral de los socialistas incluía la creación de una Oficina Anticorrupción que por razón del pacto de Gobierno tuvo que retirar. El PSOE se ha tragado el sapo. En otras entradas de este blog ya me pronuncié sobre este pacto y sobre la Oficina Anticorrupción. ¿Se puede seguir formando parte de un Gobierno y mirar para otra parte, como si éso no fuera con ellos? ¿Pedirá el PSOE al Presidente del Gobierno que cese  a su Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial? ¿Tendrá el Sr  Berriel dignidad suficiente para presentar al Presidente su dimisión? Nada de ésto es previsible, la ética pública, por mucho que se llenen la boca, no está interiorizada en la clase política, pero tampoco en la sociedad, en términos de electorado, porque elección tras elección, una parte significativa de los ciuadadanos siguen amparando con sus votos a políticos corruptos. Servidumbre de la democracia.