viernes, 1 de julio de 2011

La función de control y la ética pública

En unos días se conformará el Gobierno, tras la investidura e inicio de la VIII Legislatura del Gobierno de Canarias. Acompañará, en esta ocasión, al Sr. Rivero el PSCanario quien compartirá tareas del gobierno con los nacionalistas.No fue ésta una acertada previsión en mi análisis preelectoral ya que toda apuntaba a que se reeditaría pacto con el PP. Sigo pensando que donde mejor podrían situarse los socialistas sería en la oposición y desde allí ejercer la función de control político al Gobierno, siendo el referente de una alternativa progresista y de izquierdas. Pero el realismo y el tactismo político se han impuesto, y ya veremos si estratégicamnete  a medio-largo plazo esta opción ha sido la mas acertada en beneficio de los ciudadanos de esta Comunidad.
El PSCanario, fijado el programa de Gobierno, que se materializará en el discurso de investidura, tendrá que  complementar coordinadamente con la otra parte el organigrama del Gobierno. Si finalmente, como se dice, los socialistas asumen la Consejería de Presidencia y Justicia tendrán que hacer un esfuerzo muy claro por reconducir algunas de las áreas que al anterior Gobierno dejó bastante hipotecadas y maltrechas. Por las anteriores entradas en este blog sabrán a lo que me refiero: la función de control e inspección, la ética pública y la modernización de la Administración Pública Canaria.

Sobre la primera de ellas, a mitad de la anterior legislatura, el Gobierno abandonó su función de inspección y control reduciendo los efectivos dedicados a ese fin, dejándolos formalmente en términos de RPT, a un 27% y en el último año a un 0% real. Los datos hablan por sí sólos. Aún siendo una función estatutaria y legal, la  anterior Consejería del Sr. Ruano y su copiloto en estos temas, la Sra. Beato, prescindieron sin el menor rubor de esta función preventiva de la corrupción administrativa: adjudicación de obras, servicios, apaños, tráfico de influencias, obligaciones del personal, responsabilidad patrimonial, contrataciones específicas, etc, etc. Recuperar ese tiempo perdido y la impunidad consecuente será tarea difícil porque se ha dejado el camino abierto a un tipo de cultura administrativa que ha olvidado los valores y principios del servicio público.

Resulta, cuando menos sintomático, que el único objetivo del PSCanario que no se ha incorporado al programa de Gobierno sea su idea de crear una Oficina Anticorrupción. En una anterior entrada hablé de este tema, pronunciándome contrario a duplicar estructuras de control e inspección y, sobre todo, darle un tinte judicial a algo que es eminentemente administrativo. Ahora el Partido Socialista Canario tiene la oportunidad de corregir, o mejor, reorientar ese objetivo, recuperando la función de inspección y control de una renovada Inspección General de Servicios. El fín a conseguir es el mismo, aunque con estrategias  y herramientas difrenciadas: evitar la corrupción y malas prácticas administrativas, recuperar la transparencia, la imparcialidad, la profesionalidad y el valor de servicio.

Respecto a la ética pública, igualmente, me he pronunciado anteriormente. Darle rango orgánico, bien en la Vicepresidencia o en la Consejería de Presidencia y Justicia, sería una apuesta seria para completar la labor preventiva y también pedagógica de recuperar valores en crisis, no sólo de los empleados públicos, sino también de la ciudadanía y de su clase política. Es este un tema que preocupa a muchos sectores profesionales a los que hay que escuchar y no precipitarse en su estructura. Hay tiempo por delante. Nada se hizo en la anterior legislatura, exceptuando de cara a la galería, algunos cursos de ética pública en el Instituto Canario de Adminsitración Pública (ICAP). La herencia que recibirá, en esta materia, el PSCanario es fútil e inexistente, pero no por eso, sospechosa de ser repudiada o abandonada una vez más a la sóla programación de unos cursos en un centro de formación de funcionarios. La ética tiene que salir  y estar en la calle, discutirse, denunciarse, reconocerla, premiarla, mantenerla, en definitiva, recuperarla como  guía  del compartamiento de todos los agentes políticos y sociales.El código ético y de conducta de los Altos Cargos y de los empleados públicos no debe esperar más tiempo.

Finalmente, tengo la impresión de que los fogonazos de modernización que ha llevado a cabo el anterior Ejecutivo son sobretodo fuegos de artificio. Las iniciativas reglamentarias adoptadas no han sido del calado que se esperaba, ni se han reducido los tiempos, ni los papeles que conforman los expedientes han dejado de ser inprescindibles. La administración no se moderniza porque se acerque a la web 2.0 o porque otorgue premios a la calidad y a las mejores prácticas o porque consiga meterse en el circuito de facebook o  de twitter, Jou Tube y otros. Será moderna cuando revise sus procesos, busque la eficacia y eficiencia, evalúe su rendimiento y resultados y empiece, de verdad, a dar respuestas rápidas a las demandas que hacen los ciudadanos. Será igualmente moderna cuando sea transparente y abierta al cambio y adaptación permanentes. El PSCanario deberá chequear, si es que hay un modelo, el sistema de gestión de calidad del llamado Plan de Modernización y sobretodo, contrastarlo tanto desde dentro, comno desde fuera, sin que por otra parte se tenga que externalizar su evaluación e implementación.

No estan los tiempos como para engordar la estrructura orgánica del Gobierno, pero lo que sería aconsejable es revisar el actual modelo organizativo de la IGS, fijar prioridades y desechar ataduras innecesarias.