En el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias del día 7 de marzo de 2012, se inserta la Resolución del Director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) por la que se publica el Plan de Formación de 2012 para el personal al servicio de las administraciones públicas canarias. Llama la atención de este plan el hecho de que, a diferencia de años anteriores, no existe ninguna acción formativa dedicada a la Ética Pública. Y la pregunta obligada que cualquier persona cercana a lo público se hace es si ya no es necesario formar a los empleados públicos en principios y valores éticos, lo sea porque los directivos de la formación ya no lo consideran prioritario o porque el nivel de ética alcanzado en nuestra comunidad ya ha llegado a unos línmites de excelencia y calidad razonables, o también pudiera ser que preparar y concienciar a los empleados públicos en principios y valores no es lo más recomendable para dejar al descubierto conductas no éticas de algunos altos cargos y demás empleados públicos.
Los hechos y evidencias nos demuestran que todavía la ética pública nos queda muy lejos y que no se han interiorizado los principios éticos por los que han de regirse las administraciones públicas y sus empleados. Cuando se repiten comportamientos ajenos a la ética la ciudadanía pierde la confianza que tienen en sus protagonistas y el descrédito de la clase política sube puntos, de tal manera que la indiferencia por estos valores pone en crisis los fundamentos de la democracia. Y ésto puede tener consecuencias muy graves en las que las pequeñas y grandes corrupciones, da igual el grado, alteran y desdibujan el valor del servicio público. La ética debe estar en todos los ordenes de la gestión pública. Pueden desarrollarse programas de modernización de las administraciones públicas, pero si esos programas no atienden los principios y valores de conductas éticas, el sistema hace aguas. Pueden tener apariencia de modernidad, de progreso, de avance pero si sus agentes carecen de esos valores se deja la puerta abierta a la rapiña, al tráfico de influencias, al beneficio propio, al nepotismo, en definitiva, a una adulteración total del servicio público y de la democracia. Reitero lo expresado al principio de esta entrada: el ICAP nos deja sin formación en ética pública y algunos directivos deben dar una explicación de porqué se han retirado este año los cursos de formación de ética .
En otro orden de cosas, y a propoósito del ICAP, comparte este organismo la formación de los empleados públicos con la Academia Canaria de Seguridad (policías locales, policía canaria, protección civil) y con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales (ESSSCAN). Nunca he llegado a comprender bien el porqué no se han integrado estos centros de formación en uno solo. El ahorro de recursos, altos cargos y de personal podría ser significativo, sobretodo en época de crisis y de restricciones presupuestarias. No creo que nuestra economía esté para mantener esta triple estructura de formación de los empleados públicos.
PD: Última hora.
Hoy la prensa informa de una posible adjudicación irregular en el Servicio de Traumatología de un gran Hospital en la Isla de Tenerife. ¿Qué está pasando?
