Les aclaro que este Órgano del Gobierno de Canarias, al igual que el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del que depende, tiene su sede oficial en Santa Cruz de Tenerife. Se supone que es un órgano altamente especializado para el control interno de la gestión y actuación administrativas de los departamentos y demás organismos y entes públicos adscritos a los mismos. Igualmnete ejerce la inspección del personal al servicio de la Administración Autonómica. De la función de modernización administrativa que igualmente tiene atribuida la Inspección General de Servicios (IGS) les hablaré en otra ocasión. Desde 1992 la relación de los efectivos inspectores ha guardado con todos los Gobiernos un equilibrio proporcionado con arreglo a la Ley de Sedes. Así en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ostenta la capitalidad compartida con Santa Cruz de Tenerife, siempre se ha mantenido la proporción del 50% de los efectivos de Inspectores de Servicios. En diciembre de 2009 con una modificación de la RPT ese equilibrio se quebró a favor de Santa Cruz de Tenerife como ya dejé apuntado en mi anterior entrada y, además, se redujo el número de inspectores a sólo dos, reconvirtiéndose el resto (5) en Consultores. En diciembre de 2010 se ha vuelto a modificar la RPT, justo un año después, y lo destacado de esta modificación es que la única plaza de Inspector de Servicos que existía en esta provincia se la han llevado para Santa Cruz de Tenerife. Desde el punto de vista político, y no es que ésto tenga nada que ver con el victimismo insularista, se sigue en los últimos años, acorde con los Gobiernos de ATI-CC, una tendencia a centralizar y reconvertir a la otra isla en la capital única de la Comunidad Autónoma. Poco a poco, a cuenta gotas, de forma sibilina, se ha ido traspasando las Unidades Administrativas con presencia en esta ciudad a la otra y, sinceramente, creo que este fenómeno obedece a un plan estratégico preconcebido por los políticos corto-insularistas que se relacionan con esa organización política. Mientras tanto, aquí, nuestros representantes políticos lo dejan pasar todo hasta que lo que tenga que ocurrir los coja desprevenidos y de sorpresa , que no es otra cosa mas que el desaliento en la ciudadanía a una visión integral y regional de nuestra autonomía.
Desde el punto de vista del servicio público y de la función de control esta estrategia perpetrada por la IGS es también una machacazo, no solo a la Ley de Sedes, sino también al propio Estatuto de Autonomía que incluye la inspección como función del Ejecutivo y a los principios del artículo 103 de la CE. Se puede decir que el Gobierno, aunque sigan funcionando otros órganos de control interno, como externos, abandona la función y las actuaciones inspectoras tal cual han quedadas definidas al principio de esta entrada y del Reglamento de la Función Inspectora. Está claro que esas funciones preventivas y ejecutivas de la IGS no se pueden llevar a cabo con sólo dos Inspectores de Servicios. En el pasado, con mas inspectores, tampoco interesó esa función de control e inspección. En las hemerotecas, en los archivos judiciales y en los Planes Anuales de Inspección, se ha echado en falta una intervención valiente, independiente y autónoma en casos como Tindaya, Socaen, Icfem, Tebeto y otros muchos más, siendo el más reciente la contratación del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Dr. Negrín en el que ni el Consejero de Sanidad, ni el propio de Presidencia, Justicia y Seguridad y la titular de la IGS se acordaron (¿tal vez porque no les convenía? de que se podría intervenir, con la IGS, en una actuación extraordinaria coordinada con la Intervención General y la Dirección General del Servicio Jurídico.
En una informal conversación, que tuve hace unos meses con la titular de la IGS, sobre la posible reestructuración de este órgano saqué la conclusión de que este hecho, hoy parcialmente consumado, podria suceder y además podría ser instrumentalizado en contra de quienes manteníamos criterios opuestos a sus puntos de vista de gestión y de servicio público. He dicho, parcialmente consumado, porque por simpatía o por cualquier otra circunstancia coyuntural, ha mantenido en la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, un puesto de Consultor, una Inspector médico, un Ayudante de Consultor, una Jefatura de Negociado y una Auxiliar. El único Inspector de Servicios con puesto de trabajo en esta ciudad, en una estrategia perfectamente maquinada, fué cesado el 18.11.10 y cerrada su movilidad al suprimirse, como se ha dicho, su puesto de trabajo y traspasarlo a la sede de Santa Cruz de Tenerife. A esta altura del relato les diré, por si alguién no lo haya deducido, que el malo de la película es este bloguero que les entretiene con estas cosas de la función pública. Como esta historia da para más tampoco busco restarle tiempo para otras cosas. Vendrán mas noticias y les prometo que lo siguiente tendrá que ver con la poesía o con el cultivo de mis papas negras de Tenerife, mi trigo de Garafía o mis habas del Sauzal.
